¡Nadie se salva! En este país ser Presidente es terminar preso o huyendo

PERÚ, Lima.- A medida que el país ha seguido desarrollándose en los últimos años, la escena política de Perú se ha visto sacudida por escándalos de corrupción e investigaciones contra expresidentes y otras figuras políticas prominentes. La mayor de estas investigaciones tiene nombre: Odebrecht, centrada en los mecanismos sistemáticos de soborno utilizados por un conglomerado brasileño de la construcción. El mismo nombre que marcó la caída en desgracia de otros exhombres fuertes de la política latinoamericana, como Lula, en Brasil.

Después de un período de contracción económica a finales de la década de 1990, Perú se convirtió en un atractivo destino de inversión en América del Sur debido a su inflación controlada, su entorno favorable a los negocios, su bulliciosa industria turística y la riqueza de sus recursos naturales.Keiko Fujimori –candidata presidencial en las elecciones de 2011 y 2016, líder de la oposición e hija del expresidente Alberto Fujimori– enfrenta acusaciones de financiamiento ilícito de sus campañas. Está en detención preventiva mientras se lleva a cabo una investigación de lavado de dinero.

Alejandro Toledo, el primer presidente indígena de Perú y el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura de Fujimori, sirvió entre 2001 y 2006 en representación de su propio partido político, “Perú Posible”. Hacia el final de su presidencia, Perú inició un proceso histórico contra Alberto Fujimori, cuando el exdictador fue extraditado de Chile. Sin embargo, en los últimos años, ha sido el propio Toledo quien ha sido objeto de una solicitud de extradición de EEUU a Perú. Según el diario The Miami Herald, «a Toledo se le acusa de aceptar 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht».

Mientras tanto, el expresidente Alan García, quien cumplió dos mandatos (1985-1990 y 2006-2011), era investigado por un esquema de soborno en el proceso de licitación para el primer Metro de Lima, cuando sorpresivamente se suicidó, antes de ser detenido por la policía en su casa. Primero, trató de escapar de la justicia para exiliarse en Uruguay, pero no fue aceptado por este país (donde tenía muchos amigos, pero en última instancia pesó más la decisión de un gobierno izquierdista, que le cerró las puertas). Dicen que esta decisión provocó una profunda depresión en García, porque vio que no tenía escapatoria posible.

El presidente Ollanta Humala (durante sus funciones entre 2011 y 2016), quien fue amigo de Hugo Chávez y se postuló como jefe del Partido Nacionalista Peruano, estuvo detenido durante varios meses en 2017 y 2018, en espera de un juicio por sobornos y pagos de Odebrecht. Por último, Pedro Pablo Kuczynski, ex primer ministro del gobierno de Toledo, quien llegó a la presidencia en 2016, fue obligado a renunciar a su cargo a menos de dos años de su mandato.

PPK, como también se le conoce a Kuczynski, está preso –con una condena de tres años–y también se enfrenta al escrutinio en torno a la corrupción, tras su controvertida decisión de indultar al ex dictador peruano Alberto Fujimori. Como forastero político y con todos sus predecesores en ataduras judiciales, el actual presidente, Martín Vizcarra, nada a veces en aguas turbias. Sin embargo, lo más revelador y alentador es que la sociedad civil peruana ha sorprendido a la región con su capacidad y deseo de organizarse y presionar para que sus líderes políticos rindan cuentas.