Exguerrillero de las FARC se autolesiona para exigir su liberación

COLOMBIA, Bogotá. El exlíder de las FARC, Jesús Santrich, se encuentra fuera de peligro luego de autolesionarse en los brazos como medida de presión para ser liberado inmediatamente, tras la polémica decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo judicial colombiano, de liberar y negar la extradición del acusado para ser juzgado en Estados Unidos.

Aunque la desesperada acción de Santrich no representó peligro alguno para su salud, seguidores del exlíder del grupo terrorista, incluyendo al parlamentario Benedicto González, denunciaron a través de las redes sociales la aparente falta de atención médica y la negligencia del caso.

Compañeros de prisión, además, se manifestaron apelando a los acuerdos de paz firmados en Cuba y exigiendo su inmediata liberación. «Nosotros como perseguidos políticos de las FARC nuestro compromiso es con la paz, para que mujeres colombianas no vuelvan a tener más hijos para la guerra… señores del gobierno colombiano no le tengan miedo a la verdad…», señalaron.

El ahora exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien abandonó su cargo tras oponerse a la decisión de esa jurisdicción, así como al rechazo a la extradición del acusado a EEUU para su enjuiciamiento, insistió en que no se necesita un caudal de pruebas para constatar que ha delinquido. «Basta con las pruebas que tiene EEUU para que se pida la persona en extradición y se ordene su captura”, agregó en entrevista al medio colombiano, Red Noticias. La decisión también motivó la renuncia de la ministra de Justicia, Gloria Maria Borrero.

El expresidente Álvaro Uribe también se pronunció a través de las redes sociales respaldando al actual mandatario, Iván Duque, y asegurando que «…en su labor de recuperar el ejercicio de autoridad que el país había cedido en favor de las FARC y de otros grupos terroristas, considerará todas las opciones que conduzcan a la extradición de Santrich».

El exguerrillero, que formó parte de la mesa de diálogo realizada en La Habana que concretó un acuerdo de paz entre Colombia y representantes del grupo de terrorismo, fue acusado de narcotráfico tras varias pruebas presentadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA).