Fiscalía intenta frenar decreto de armas de Bolsonaro

BRASIL, Río de Janeiro.- La fiscalía de Brasil consideró inconstitucional el decreto autorizado por el presidente Jair Bolsonaro que permite a los ciudadanos la posesión pública de armas y municiones, y presentó una demanda que exige la “suspensión inmediata e integral” de dicho decreto por “dejar vacíos legales” e incluso “contradecir directamente lo que estipula la ley en vigor”.

El decreto de Bolsonaro, promulgado el pasado 07 de mayo, flexibiliza la capacidad de los brasileños para comprar, portar y vender armas de fuego. La fiscalía encara el segundo desafío legal contra la reforma, luego de que la jueza Rosa Weber solicitara al presidente proporcionar más detalles sobre el decreto la semana pasada.

La oposición, con la participación del partido Red de Sustentabilidad (REDE), presentó una petición ante la Corte manifestando que el decreto representa un “abuso de autoridad reguladora del Ejecutivo” y debió haber sido sometido a escrutinio por el Congreso., mientras tanto el primer mandatario respondía que si el decreto fuese inconstitucional ya no debería existir”.

Por tanto, la fiscalía ha presentado una demanda para intentar derogar el decreto presidencial sobre el porte de armas y municiones, medida que considera perjudicial para la seguridad y que “genera un impacto inmediato en la esfera criminal”, según la importación que ha sido firmada por cinco fiscales federales. Con este nuevo decreto, las personas pueden adquirir un arma bajo autorización de la policía federal.

Además, los magistrados cuestionaron la falta de regulación del decreto entre personas que residen en zonas rurales. De acuerdo al instituto de estudio brasileño Igarapé, especializado en políticas públicas sobre seguridad, alrededor de 18.6 millones de “residentes rurales” podrían adquirir armas con mayor facilidad incrementando el riesgo de violencia en áreas menos supervisadas.

El decreto eleva la cantidad de municiones que pueden comprar los dueños de armas con sus respectivas licencias, que va desde 50 cartuchos (regulación de 2017) hasta 5 mil por año, de acuerdo al nuevo decreto y según el tipo de licencia. En 2017 se registró el mayor número de homicidios en la historia de Brasil, 63.880 personas fallecieron por asesinato, según cifras del Foro de Seguridad Pública.