Human Right Watch pide sancionar a altos funcionarios de Nicaragua

ESTADOS UNIDOS, New York- El director para América de Human Rights Watch (HRW), José Manuel Vivanco, pidió este martes al Congreso estadounidense imponer sanciones individuales a altos funcionarios del gobierno nicaragüense, involucrados en supuestos abusos y solicitó presionar al gobierno del presidente, Donald Trump, para obtener la imposición de esas sanciones.

Según información obtenida por EFE, más de dos mil personas sufrieron heridas y cientos fueron detenidas desde que en abril de 2018 se originaran protestas contra las reformas de la seguridad social aplicadas por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Punto de partida de una crisis que ha dejado al menos 325 muertos, de acuerdo con datos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó un informe en el que se adhiere la responsabilidad de la violencia al gobierno de Ortega, que se valió de policías y fuerzas «parapoliciales» con armas de guerra para reprimir las protestas.

«El gobierno de Estados Unidos debería adoptar una posición contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la imposición de sanciones individuales dirigidas contra altos funcionarios que son responsables de gravísimos abusos», manifestó Vivanco e indicó que «los detenidos sufrieron abusos que, en algunos casos, constituyeron torturas».

Por otro lado, Human Right Watch recomendó al Congreso de Estados Unidos que inste a Nicaragua a crear una unidad especial que «supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas», junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, el gobierno nicaragüense liberó hoy a un grupo de personas que la oposición considera «presos políticos» bajo la polémica Ley de amnistía, aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista del Parlamento de ese país. Ley que, según la oposición nicaragüense, no ofrece justicia a las víctimas de la represión gubernamental.