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Cierran empresas que apoyaron paro nacional en Nicaragua

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció la imposición de sanciones y suspensión de licitaciones a dueños de pequeños y medianos comercios, también para grandes empresas.

NICARAGUA, Managua-. El presidente Daniel Ortega arremetió en contra de las empresas que habrían participado en el pasado paro nacional convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), y acatado por una amplia mayoría de la sociedad civil en rechazo a la gestión del sandinista.

A través de un comunicado, la oposición denunció la nueva arremetida del régimen contra el sector comercial, al imponer sanciones y suspensión de licencias y concesiones a dueños de pequeños y medianos establecimientos, también a grandes empresas. Estos también padecen del acoso directo y amenazas del régimen, aseguran.

«De nuevo el régimen demuestra su talante represivo y arbitrario, así como su desprecio por la libertad», expresó la asociación que además manifestó su apoyo a las empresas que emprendan acciones legales para defender lo que consideran sus derechos constitucionales, que estarían siendo violados por el gobierno.

Tras levantarse de la mesa de negociación que busca una salida a la crisis sociopolítica en Nicaragua, la alianza opositora convocó para el pasado 23 de mayo a un paro nacional para expresar su rechazo a la gestión de Ortega, pero también para presionar la liberación de casi 300 opositores que aún se mantienen tras las rejas.

La convocatoria fue acatada por la sociedad civil además de los comerciantes y empresarios, incluyendo productores agropecuarios, cafeteros y pequeñas compañías, quienes respaldaron la paralización por considerar que la situación del país solo se logrará a través de elecciones libres y anticipadas, propuesta que ha sido rechazada por el mandatario sandinista.

La oposición rechaza la falsa de voluntad por parte del gobierno para encontrar una solución pacífica a la crisis que ha sido condenada por la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) quien instó al régimen a conceder libertad condicional para todos los presos políticos, así como restituir las condiciones democráticas.

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