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La cifra de presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal denunció nuevos abusos contra los prisioneros.

VENEZUELA, Caracas.- La persecución del régimen oficialista a la disidencia persiste pese a su discurso reconciliador e interesado en un diálogo, incluso con la administración Trump, tal como ha confirmado el lider oficialista. Sin embargo, la crisis política no solo persiste sino escala con el acoso a la oposición, en especial a partidos políticos que confronten a la cúpula en el poder.

La organización Foro Penal actualizó las cifras de ciudadanos que se mantienen tras las rejas precisamente por disentir o participar en manifestaciones contra el régimen. Hasta la fecha se contabilizan unos 510 presos políticos mientras que otras 8.000 cuentan con medidas cautelares como prohibición de salida del país o limitaciones para expresarse en medios o redes sociales, según las declaraciones de su directivo, Gonzalo Himiob.

El vicepresidente de la ONG, asegura que desde el año 2014 han documentado al menos 15.160 detenciones vinculadas al tema político, varios de estos casos cumpliendo prisión preventiva desde hace más de dos años lo que, según las leyes, les otorga el beneficio de la excarcelación. Otros que ya cuentan con órdenes de liberación continúan tras las rejas, lo que a su juicio evidencia que en Venezuela “los cuerpos policiales están por encima de los tribunales”.

El abogado se refirió también a los sucesos ocurridos el pasado 24 de agosto en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, donde en medio de una violenta requisa realizada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) varios detenidos fueron brutalmente golpeados, y a otros también se le despojaron de sus pertenencias, incluso medicinas oncológicas.

Foro Penal se ha referido a las detenciones arbitrarias pero también a los procesos judiciales irregulares donde se dictan medidas privativas a civiles ante instancias militares. La situación ha sido denunciada ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA), esta última para certificar las estadísticas de la ONG.