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¡Conmoción en Colombia! “Fuimos nosotros”: las FARC confiesa asesinato tras 25 años

Rodrigo Londoño, alias Timoncheko, se dirigió a la justicia para acreditar a la milicia el crimen.

Farc

BOGOTÁ, (Colombia). – Esta semana, la disuelta guerrilla FARC se comprometió a probar ante la justicia de Colombia su responsabilidad en el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez, en 1995, ante las suspicacias que despertó la sorpresiva confesión de culpabilidad. “Fuimos las FARC-EP las únicas responsables (…). Y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como la Comisión de la Verdad, recibirán de nosotros los elementos que pueden acreditarlo”, sostuvo Rodrigo Londoño, máximo dirigente de la insurgencia marxista, en una carta pública.

De acuerdo con la agencia AFP, el excomandante Julián Gallo también habló sobre los hechos y reconoció por su parte haber impartido a sus hombres la orden de cometer el homicidio por instrucciones del secretariado de la guerrilla. “Es un hecho cuya responsabilidad es de la Red Urbana Antonio Nariño, de la cual yo era comandante en ese momento”, dijo el senador del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) al periódico El Espectador.

AFP

Según Gallo, el ataque fue perpetrado por cuatro pistoleros que posteriormente fueron asesinados. Dos de ellos a manos de la policía. La otra guerrilla admitió su responsabilidad en uno de los crímenes que sacudió Colombia en una misiva dirigida el 30 de septiembre a la JEP, tribunal creado tras la firma de los acuerdos de paz de 2016.

La confesión tomó por sorpresa a un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra el tres veces excandidato presidencial y periodista estuvieron políticos rivales, militares o narcotraficantes. El caso fue declarado crimen de lesa humanidad para evitar la prescripción de las investigaciones. Londoño, también conocido como ‘Timochenko’, le salió al paso a las suspicacias. “Somos los únicos responsables de su muerte, por favor, que dejen de buscar el ahogado aguas arriba”, cerró.

La que fuera la organización rebelde más poderosa de América aceptó someterse a la JEP a cambio de poder ejercer la política como partido, confesar sus crímenes y reparar a las víctimas. Los responsables que cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.