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“Torturas y malos tratos”: Amnistía Internacional publica lapidario informe sobre protestas sociales en Chile

La organización denunció uso excesivo de la fuerza policial en las manifestaciones.

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SANTIAGO DE CHILE, (Chile).- Amnistía Internacional (AI) difundió un reporte en el que denuncia graves violaciones a los derechos humanos de forma generalizada en la represión de las protestas contra la desigualdad social en Chile. Y mientras tanto, el gobierno de Sebastián Piñera mantiene la tensión social, a solo días de un histórico plebiscito.

“Los mandos estratégicos de carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa”, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en la presentación del informe “En Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”.

Las protestas sociales estallaron el 18 de octubre de 2019 tras un alza en el precio del pasaje del metro de Santiago y se convirtieron en una amplia movilización social en contra de las desigualdades y el gobierno del conservador Sebastián Piñera, dejando al menos 30 muertos y miles de heridos y detenidos tras semanas de manifestaciones.

AFP

Según datos del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas fueron heridas en sus ojos tras el impacto en el rostro de balines, perdigones o bombas lacrimógenas disparadas por agentes antidisturbios. “Lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”, sentenció Guevara durante una videoconferencia.

Amnistía Internacional consideró que, a pesar de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos vertidas sobre los uniformados por parte de organismos internacionales un mes después del inicio de las manifestaciones, “se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020”.

La organización denunció “impunidad” en el accionar policial y complicidad por parte de los altos mandos a pesar de conocer la situación. “Demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad”, señaló.