CONECTA CON NOSOTROS

¿QUE ESTAS BUSCANDO?

El Intranews

América

“Seré presidente de Panamá en 2024”: Ricardo Martinelli celebra anulación de polémica sentencia

El exmandatario fue acusado de espiar comunicaciones de unos 150 opositores a su gobiernos.

Ricardo Martinelli

CIUDAD DE PANAMÁ, (Panamá).- La sentencia que en 2019 absolvió al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) de cargos de espionaje y corrupción durante su gobierno, y ordenó repetir el juicio contra el exmandatario, fue anulada por el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, según anunció la fiscalía este viernes 20 de noviembre.

“El Tribunal Superior de Apelaciones, por mayoría, acoge el recurso de anulación, en caso de pinchazos telefónicos y ordena se realice nuevo juicio a solicitud de abogados querellantes y del Ministerio Público”, publicó la fiscalía en Twitter. La decisión de anular la sentencia y repetir el juicio contra Martinelli, de 68 años, fue anunciada tras una audiencia virtual, según AFP.

El órgano judicial indicó que Martinelli deberá enfrentar ahora cargos por “la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial”.  “Hoy entendí que seré presidente de Panamá en el 2024. Sin luchas no hay victorias”, afirmó el exmandatario en su cuenta de Twitter, donde aparece en una foto, junto a varios de sus abogados, haciendo la señal de la victoria.

A pesar de sus problemas judiciales, Martinelli está realizando los trámites para la creación de un nuevo partido político, con el que pretende presentarse a las elecciones de 2024. El fallo “es algo positivo” porque permite “una segunda oportunidad para demostrar que este señor espió a sus adversarios políticos utilizando los recursos del Estado y violó los derechos humanos”, dijo a la AFP Mitchel Doens, una de las víctimas querellantes.

El 9 de agosto de 2019, un tribunal panameño declaró a Martinelli “no culpable” de los cargos de espionaje y malversación de fondos públicos. El exgobernante fue juzgado por presuntamente “pinchar”, entre 2012 y 2014, las comunicaciones de unos 150 opositores a su gobierno. Por este caso, la fiscalía pidió 21 años de prisión. Sin embargo, el tribunal consideró entonces que se vulneró el debido proceso y que las declaraciones del testigo protegido utilizado por la fiscalía, estuvieron afectadas por “parcialidad”.