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Piden hasta siete años de cárcel al expresidente Correa en Ecuador

El exmandatario está acusado de encabezar una “estructura irregular” dedicada al cobro de sobornos.

rafael correa.

ECUADOR, Quito-. La situación procesal del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quedó muy complicada luego de este jueves 5 de marzo. La Fiscalía General de su país pidió que le sea aplicada la pena máxima que contempla hasta siete años de cárcel. El ecuatoriano es investigado en una causa en la que se lo acusa de haber liderado una estructura dedicada al pago de sobornos.

“Autor mediato”

La fiscal general del país sudamericano, Diana Salazar, responsabilizó a Correa del delito de cohecho al definirlo como “autor mediato” del mismo. Asimismo, consideró agravante que haya cometido esa práctica siendo funcionario público. En carácter de autores directos, además, la fiscal pidió la condena de otros 19 exmiembros de su gobierno. De ser luego declarados culpables, deberían pasar entre cinco y siete años presos.

Salazar argumentó que “se creó una estructura para recibir sobornos a cambio de contratos con el Estado”. “En la cúspide de la misma se hallaba el expresidente”, definió la fiscal. Ante el perjuicio que según la acausación se ha cometido contra el país, la mujer pidió que sea pagada una “reparación” para el Fisco de 1.130 millones de dólares. Este número, precisó Salazar, sería la sumatoria que habrían alcanzado los contratos de la polémica.

La reacción de Correa

Correa es juzgado en ausencia, ya que se encuentra en Bélgica. Furioso, mostró su bronca minutos después de conocerse el fallo de la fiscal. “Es increíble a lo que se atreve esta mujer, sin prueba alguna. Lo único que supera su mala fe es su ineptitud”, indicó. Además, consideró la acusación como una “canallada”, pero prometió “resistir y vencer”.

No obstante, el ecuatoriano afirmó que “la sentencia ya está escrita”. Si efectivamente fuera condenado, Rafael Correa no podía volver a presentarse como candidato a presidente de su país. La Constitución de Ecuador impide que ejerza la primera magistratura alguien con un fallo en contra por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

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