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“El derecho internacional es claro”: la ONU se manifiesta sobre violentas protestas en Perú dos meses después ¿Muy tarde?

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reveló detalles vinculados a los incidentes registrados en noviembre.

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PERÚ. – Las protestas registradas en Perú el pasado mes de noviembre en el marco de la destitución de Martín Vizcarra, y la toma del poder por parte de Manuel Merino, siguen causando polémica dentro y fuera del país suramericano. En este sentido, la propia Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló a los cuerpos policiales locales asegurando que hicieron “uso innecesario y excesivo de la fuerza”.

“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales”, aseguró en un comunicado recogido por AFP la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El 9 de noviembre, el Congreso de Perú destituyó al entonces presidente del país, Martín Vizcarra, al que relevó en el cargo el jefe de la cámara, Manuel Merino.

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La decisión desató una oleada de protestas sociales que dejaron dos muertos y cientos de heridos, obligando a Merino a dimitir cinco días después de asumir y a la designación de un nuevo mandatario, el centrista Francisco Sagasti. En un informe publicado este martes, la oficina de Naciones Unidas con sede en Ginebra apunta que las fuerzas del orden no distinguieron entre manifestantes pacíficos -“la mayoría”- y aquellos que “presuntamente” actuaron de forma violenta.

“La policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia”, señala el comunicado. Otros de los incumplimientos apuntados son la falta de identificación de los policías vestidos de civil al realizar arrestos; la ausencia de asistencia legal de los detenidos, algunos de los cuales se autoinculparon bajo presión; y las condiciones degradantes de detención.

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“Diez detenidos relataron a la misión de la ONU haber sufrido abusos físicos y ocho señalaron presuntos abusos psicológicos”, destaca el comunicado de la oficina, a cuya misión también se le informó de “ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres”. Bachelet destacó el inicio por las autoridades de algunas investigaciones preliminares y que el gobierno reconociera la comisión de violaciones, pero instó a investigar “todas las denuncias” de manera “rápida, independiente y exhaustiva”.

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