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“Existe una base para…”: condenan a militares por una muerte en la represión en Venezuela de 2017

El fiscal general dio detalles del caso.

Venezuela
AFP

VENEZUELA-. Doce militares de Venezuela fueron condenados por la Fiscalía del país venezolano. Se trata de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que resultaron imputados por la muerte de un estudiante que padeció el impacto de una bomba lacrimógena durante la dispersión de una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017.

El fiscal general, Tarek Saab, anunció este sábado que envió a la Corte Penal Internacional (CPI) un tercer documento sobre las acciones de su despacho ante las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad. Asimismo, brindó detalles del caso de Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años, quien murió hace tres años, recoge la agencia AFP.

En ese momento, se sucedieron tres meses de manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que dejaron un centenar de fallecidos aquel año. El chavismo dijo entonces que la muerte del universitario había sido ocasionada por sus compañeros manifestantes. Por ahora, la justicia no pudo precisar si fue identificado el funcionario que lanzó la bomba que ocasionó la muerte del joven el 26 de abril de 2017. 

AFP

“En el caso de Juan Pablo Pernalete, que falleció tras recibir un golpe con una bomba lacrimógena en el pecho, se logró la imputación de 12 funcionarios de la GNB por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”, indicó Saab. La corte internacional con sede en La Haya inició en febrero de 2018 un examen preliminar, con el objetivo de consultar sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de esta ola de protestas.

“En estos tres años y ocho meses hemos imputado a 716 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles por presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, fueron aprehendidos un total de 540 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares”, señaló el responsable. También “han sido acusados un total de 1.064 funcionarios y 136 civiles y se han logrado 153 condenas”, añadió Saab.

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