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¡Contraataque! El gobierno de Daniel Ortega acusa a Estados Unidos de financiar un golpe de Estado en su contra

Sigue la tensión en Nicaragua con la detención de opositores.

Daniel Ortega
AFP

NICARAGUA-. En otro día marcado por la detención de opositores, que genera gran tensión y críticas internacionales, el gobierno de Daniel Ortega contraatacó los cuestionamientos de Estados Unidos con una acusación. Según su visión, el país norteamericano financia a dirigentes críticos suyos para forzar un golpe de Estado en Nicaragua. Por ello, se refirió a este grupo como “usurpadores”.

Para el gobierno de Ortega, los opositores, detenidos en sucesivas redadas policiales iniciadas el 2 de junio, a cinco meses de los comicios presidenciales, no representan a “la verdadera oposición de Nicaragua”, dado no se han registrado ni han sido seleccionados como candidatos por ningún partido político, según reporta la agencia AFP.

“Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de los Estados Unidos”, dijo el gobierno a través de un texto titulado “Nicaragua: En Defensa de la Soberanía y el Estado de Derecho”. De acuerdo al mismo, los opositores, directamente o “a través de sus respectivas ONG’s, han recibido millones de dólares en dinero del pueblo estadounidense a través de USAID” y otras agencias.

Todo esto, sostienen, para “derrocar al gobierno electo del Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra”. La acusación de nicaragüense se produce en medio de duras críticas de la comunidad internacional y sanciones de Estados Unidos por la detención de 13 opositores, entre ellos cuatro aspirantes a la presidencia, destacados miembros de la disidencia sandinista y líderes de la empresa privada y sociedad civil.

La primera en ser detenida fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. También están presos el exdiplomático, Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, cuya liberación inmediata es reclamada por la comunidad internacional. El gobierno, sin embargo, pidió que no haya “interferencia” en la investigación contra estas personas, acusadas “por delitos de lavado de dinero, fraude, traición o conspiración sediciosa”.

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