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¡En la mira! El expresidente Rafael Correa sufre un nuevo revés en la justicia de Ecuador

El exmandatario fue condenado a ocho años de prisión.

Rafael Correa
Reuters

ECUADOR-. Una de las figuras centrales de la política de Ecuador sufrió un nuevo revés en la justicia del país sudamericano este viernes 12 de noviembre. La Procuraduría ecuatoriana logró embargar las cuentas bancarias del expresidente Rafael Correa. La decisión se tomó por la condena que rige en su contra por un importante caso de corrupción, en el que están también involucrados exfuncionarios de su gobierno.

La justicia ecuatoriana condenó a ocho años de prisión a Correa, quien gobernó el país entre el 2007 y 2017, bajo la acusación de ser “autor mediato” de cobros indebidos a contratistas para financiar campañas electorales de su movimiento político entre 2012 y 2016. En la sentencia, también se incluyó a funcionarios de su gobierno y empresarios.

Junto a la condena a prisión, los sentenciados estaban obligados a pagar en conjunto unos 14,7 millones de dólares como reparación integral para el Estado ecuatoriano, en diferentes cantidades de acuerdo a la sentencia. Tres de los 20 condenados en el caso ya abonaron el monto de reparación que les correspondía, pero que el resto no lo ha hecho hasta el momento, por lo que la procuraduría solicitó la “ejecución forzosa” del proceso.

Los tres jueces que integran el tribunal de ejecución, “ordenaron este 10 de noviembre de 2021 el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados por delito de cohecho”, precisó la entidad, según reporta la agencia Reuters. La institución recordó a su vez que en el caso “fueron declarados culpables el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros altos funcionarios de su gobierno”.

“Ejecutada esta acción, la Procuraduría solicitará al mismo Tribunal que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de los condenados”, instó. Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, ha dicho que la sentencia en su contra se trata de una persecución por parte del exmandatario Lenín Moreno, en cuyo gobierno se emitió el fallo, y de sus opositores políticos.

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