ICE: Fallo sobre inmigración amenaza la seguridad pública

Matt Albence, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE), da un mensaje desde la Casa Blanca, el 10 de octubre de 2019. (AP Foto/Andrew Harnik)

La decisión del juez es un ejemplo de “alcance judicial extralimitado”, dijo el director interino.
<a href="https://elintranews.com/usa/2019/10/11/ice-fallo-sobre-inmigracion-amenaza-seguridad-publica/" rel="bookmark"><time class="entry-date published updated" datetime="2019-10-11T07:24:18-03:00">octubre 11, 2019</time></a>

ESTADOS UNIDOS, Washington.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reprochó la actuación de los jueces “en contra de la seguridad pública“. El director interino de la agencia criticó la decisión de un juez por haber impedido depender de bases de datos que han ocasionado detenciones erróneas de estadounidenses.

Este jueves, 10 de octubre, Matthew Albence manifestó desde la Casa Blanca que el fallo dictado el pasado 27 de septiembre por el juez constituye una muestra del “alcance judicial extralimitado” que amenaza a la seguridad pública. Según informó El Intransigente América, la decisión prohíbe la detención aplicada por bases de datos.

Asimismo, Bill Waybourn, jefe de policía del condado Tarrant, en Fort Worth (Texas) prevé que el crimen aumentará si dejan libres a los inmigrantes ilegales en lugar de entregarlos a las autoridades del ICE. Además, Waybourn indicó que hay inmigrantes “ebrios” y que pueden “atropellar a sus hijos y a mis hijos”.

El comentario del oficial fue inmediatamente denunciado por la defensa de los inmigrantes. Respecto al fallo, dictaminado por Andre Birotte Jr., el ICE no puede emitir “órdenes de retención” ceñidas solo por bases de datos porque no son completamente fiables y aplica a los estados que no autorizan explícitamente los arrestos civiles de migrantes.

Por su parte, los activistas consideran que la agencia no debe fundamentarse únicamente en datos electrónicos porque pueden resultar imprecisos y no son confiables. En ese sentido, enfatizaron información que con frecuencia los datos son erróneos y derivan en falsas acusaciones a personas que sí están bajo estatus legal.

De acuerdo con el fallo de Birrotte, alrededor de 800 órdenes de unas 13.000 emitidas entre 2015 y 2016 se retiraron porque el acusado era ciudadano o “no estaba sujeto a ser retirado”. Sobre estos casos, Albence expresó que no podía dar comentarios sobre litigios que aún estaban en curso.