Juez falla en contra del gobierno de EE.UU. en caso de migrantes

Los cinco inmigrantes que solicitaban quedarse en territorio norteamericano fueron deportados.

California, EE.UU.- Después de que las autoridades estadounidenses deportaran a cinco jóvenes migrantes que intentaban permanecer en el país, como parte de un programa para menores maltratados y desatendidos, un juez federal declaró que el gobierno de Estados Unidos incurrió en desacato.

La orden civil del magistrado federal Nathanael Cousins fue emitida luego de determinar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) violaron una medida cautelar que les solicitaba notificar a los abogados sobre cualquier acción contra los jóvenes inmigrantes, en una demanda colectiva en California.

A pesar de la medida cautelar, los cinco inmigrantes que solicitaban quedarse en territorio norteamericano bajo el programa del gobierno federal para jóvenes maltratados fueron deportados y uno de ellos supuestamente fue agredido, según reseñó la agencia de noticias AP en su página web.

Gestión de migrantes

Por su parte, la abogada de apelaciones del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del bufete Public Counsel, Mary Tanagho Ross, indicó que se enteró de las deportaciones meses después de que uno de los deportados estaba de regreso en Guatemala, donde fue atacado por miembros de una pandilla.

“Es impactante que los acusados no hicieron su parte para garantizar que el ICE cumpliera con la orden de un tribunal federal y literalmente enviaran a niños de regreso a la boca del lobo”, señaló el miércoles, utilizando las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Vale resaltar que la demanda se solventó el año pasado entre el gobierno estadounidense y los representantes legales de los migrantes, quienes querían estar cubiertos por el programa después de haber cumplido 18 años. La edad máxima para presentar una solicitud en ese plan es de 21 años.

En su dictamen, la corte ordenó a las entidades gubernamentales traer a Estados Unidos a los cinco menores para el 29 de febrero, siempre y cuando quieran regresar, y pagarles 500 dólares respectivamente por cada día que permanezcan fuera del país después de esa fecha.

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